Unai Romano, torturado pela EspanhaO julgamento/processo 15/02 trata de:
Maiores informações sobre o caso Unai Romano, pricipal torturado e processado no processo 15/02:
"No dia 28 de Maio terá início na Audiência Nacional espanhola, pela quarta vez, o julgamento contra os catorze imputados no sumário 15/02. O pedido da acusação eleva-se a 6 anos de prisão por “colaboração com grupo armado”.
As detenções, que ocorreram em Agosto de 2001 e Julho de 2002, basearam-se em auto-incriminações, denúncias de terceiros e confissões arrancados sob tortura. Como exemplo disso, basta lembrar as imagens de Juan Carlos Subijana e Unai Romano, que podem ser vistas na foto."
Amnistia Internacional: Torture, Silence and Enablers;
La Haine: Testimonio del joven vasco Unai Romano: Una cruenta tortura llevada a cabo recientemente por la guardia Civil;
ASEH: Estado Espanhol Terrorista;
ASEH: Entrevista a Unai Romano;
Theo Van Boven foi relator da ONU contra a Tortura e já havia denunciado a Espanha por suas práticas de incomunicação, tortura, repressão, desaparecimentos e prisões arbitrárias.
Maiores informações sobre os relatórios iniciais de Theo Van Boven para a ONU e mais sobre a tortura na Espanha, ver aqui.
Um interessante vídeo, do programa Dateline, da TV Australiana, sobre a Tortura na Espanha e o resultado do estudo feito por Theo Van Boven sobre o país:
Em 2004, Van Boven denunciava as práticas de Tortura do Estado Espanhol e o El Mundo publicava:
"Un relator de Naciones Unidas da crédito a la existencia de torturas en la lucha anti ETA
Theo van Boven sólo estuvo 5 días en España y se basó en información del entorno de Batasuna
MADRID.- El relator para la tortura del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el holandés Theo van Boven, asegura en un informe hecho público ayer que «no se pueden considerar una invención» las denuncias de malos tratos realizadas por personas acusadas de terrorismo en España. Aunque las torturas «no constituyen una práctica regular», su frecuencia es «más que esporádica e incidental», dice.Van Boven, que el pasado octubre estuvo cinco días en España para recopilar la información en la que ha basado sus consideraciones, ha redactado un informe demoledor que el Gobierno no ha podido contrarrestar pese a haber enviado al relator en las últimas semanas hasta tres notas verbales.
El Ejecutivo, que conoció una versión provisional del informe Van Boven y sabía que el texto definitivo iba a ser difundido en plena campaña electoral, cree que el relator ha bebido en fuentes abertzales y considera que sus conclusiones «carecen de rigor y fundamento».
El Gobierno advirtió a Theo van Boven que se estaba apoyando en «una colección de noticias sin verificar» y que estaba incurriendo en «importantes errores fácticos», pormenorizados en las notas verbales.
Sin embargo, el relator de la ONU ha mantenido los aspectos más irritantes para el Gobierno, como la afirmación, puesta en boca del propio titular de Interior, Angel Acebes, de que «el Ministerio del Interior decretó el cierre» del periódico Egunkaria por sus vínculos con ETA (aseveración, por lo demás, contradictoria con otra parte del informe en la que el relator afirma que la clausura de la publicación fue una decisión judicial).
Según el documento, las denuncias de torturas formuladas por personas detenidas bajo la acusación de terrorismo «no se pueden considerar una invención».
«Los métodos y técnicas de mal trato no constituyen una práctica regular, pero su frecuencia es más que esporádica e incidental», dice Van Boven refiriéndose a lo que le han contado representantes de organizaciones no gubernamentales -que no especifica- y anónimos testimonios de personas detenidas por terrorismo, según las cuales durante los interrogatorios policiales se han visto sometidas a «golpes, ejercicio físico agotador, asfixia por el procedimiento de colocarles una bolsa de plástico apretada en la cabeza y acoso sexual humillante».
El responsable de la ONU dice otorgar «gran valor» a la opinión de «interlocutores creíbles» pertenecientes al mundo judicial y académico y a la sociedad civil que han señalado que las denuncias de malos tratos pueden responder a una simple táctica, aunque «también expresaron que los agentes de los cuerpos de seguridad, particularmente en sus actividades antiterroristas, recurren más que esporádicamente a prácticas que constituyen tortura o trato cruel, inhumano o degradante».
Esas denuncias no son suficientemente investigadas, señala el relator, que también indica que el control judicial «es más formal que objetivo», al tiempo que los escasos agentes que son condenados por practicar torturas reciben «sentencias nominales», son indultados o cumplen de forma laxa las penas.
A su juicio, además, una «ley del silencio» envuelve el problema: «el relator especial ha observado una reticencia a discutir la práctica y el alcance de la tortura en España (...). La negación de las autoridades, sin investigación, con respecto a las alegaciones de tortura ha hecho particularmente difícil proporcionar la necesaria supervisión de la protección y las garantías».
Theo van Boven acoge el discurso tradicional del mundo abertzale en el sentido de que la incomunicación de los detenidos facilita las torturas o que la dispersión de los presos «aparentemente no tiene base legal».
Entre sus recomendaciones figuran las de que se suprima el régimen de incomunicación, se permita a los detenidos elegir abogado y médico y que se graben en vídeo todos los interrogatorios policiales."
Desde Rebelión, uma entrevista com Theo Van Boven, em 2006:
"Entrevista con Theo Van Boven, ex relator especial de las Naciones Unidas por la cuestión de la tortura"En España existe la tortura"
Agencias/Gara
El ex relator especial de las Naciones Unidas por la cuestión de la tortura, Theo Van Boven, confirmó el viernes durante unas jornadas contra la tortura celebradas en Barcelona que "en España existe la práctica de la tortura, y no aisladamente". En concreto, 755 personas denunciaron haber sufrido torturas o maltratos por parte de diferentes Fuerzas de Seguridad del Estado en 2004, según un informe elaborado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT).
Van Boven hizo estas declaraciones durante la celebración de las jornadas ’Previnguem la Tortura’, que se inauguraron el viernes en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y finalizarán este sábado. El ex relator de la ONU consideró que estas jornadas son "muy importantes porque en España, como en otros muchos países, las autoridades dicen y afirman que la tortura no existe y suelen argumentar que las denuncias de este tipo son falsas". "En España, aunque las torturas no son sistemáticas, son más frecuentes de lo que se suele decir y son más que esporádicas", apuntó Van Boven.De hecho, el informe de la CPT recoge 276 casos en los que 755 personas han denunciado torturas y/o maltratos. Cataluña es la segunda comunidad autónoma que recibió más denuncias, con un total de 113, por debajo de Andalucía, que recibió 237. Les siguen Euskadi, con 100 denuncias conocidas, y Navarra, con 95.
En cuanto a las características de los denunciantes, cabe destacar que un 31% pertenece al movimiento sindical; un 18% están vinculados a otros movimientos sociales; un 17% son presos; un 5% se corresponde con personas bajo la aplicación de la ley antiterrorista; un 6% son inmigrantes; un 2% son menores; y el 21% restante son personas en otras situaciones, como las que cometen pequeños delitos contra la propiedad o trapichean con drogas.
Según uno de los miembros del Centro de Documentación contra la tortura, Jorge del Cura, que también participó en las jornadas, "estas personas no suelen denunciar ante los tribunales por desconfianza o porque no tienen contacto con asociaciones que defienden los derechos humanos". Del Cura explicó que "las personas de etnia gitana, por ejemplo, nunca denuncian y los presos tampoco, ya que no quieren sufrir represalias".
En entrevista con Gara, Van Boven aboga por el fin de la incomunicación y el acceso a abogados de confianza para prevenir los malos tratos. Al respecto del «caso Romano», Van Boven es taxativo al considerar que «si se procesa a quien la denuncia, no se puede erradicar la tortura»
En estas jornadas se ha incidido en que la persecución penal a quienes denuncian haber sido torturados impide eliminar esta práctica. El último caso ha sido el de Unai Romano, con el que usted se entrevistó durante su visita a Euskal Herria. ¿Es comprensible la actuación de los jueces después de ver unas fotografías, como las de Unai Romano, que son una prueba tan contundente?
Es comprensible que exista preocupación en torno a esta cuestión. Hace falta valor para denunciar haber sido torturado y a los jueces les corresponde realizar una investigación seria y profunda sobre esos hechos concretos, en vez de silenciar a aquellos que alzan la voz y denuncian. No es la reacción más adecuada. En este país tiene que existir libertad de expresión, que es uno de los ingredientes básicos de cualquier democracia. Si silenciamos las voces que denuncian las violaciones de los derechos humanos, éstas se seguirán produciendo. Hay que investigar a fondo para demostrar que esas denuncias no tienen base, pero, aun sin conocer al detalle este caso, no se puede ir contra quien denuncia. No se puede iniciar un proceso penal contra quien denuncia haber sido torturado en vez de analizar qué es lo que ha pasado. Esta es una tendencia que percibí en mi visita de hace dos años. Considero que estas actuaciones son un ataque a los derechos humanos y a la propia democracia. Si esto pasa continuamente, insisto en que no es un tema que haya seguido de cerca, es para estar seriamente preocupado.
La Ertzaintza ha establecido un protocolo en el que, entre otras cosas, se dice que se procederá a grabar los interrogatorios. Pese a ello, se han seguido produciendo denuncias por torturas contra esta policía. ¿A qué puede deberse este hecho? ¿Es más fácil anunciar algo que hacerlo realmente?
Estas prácticas pueden ser realmente muy valiosas. El problema surge al analizar cómo se aplican. Me gustaría considerar este protocolo como una buena noticia, pero requeriría tener más información. No es una garantía tan importante como se quiere presentar.
Se ha manifestado de forma muy crítica hacia el Gobierno español, por la manera en la que rechazó las recomendaciones de su informe en 2003. ¿Cómo valora esa acogida?
Me refería fundamentalmente al anterior Gobierno español, que fue el que rechazó frontalmente mis recomendaciones. Esto no quiere decir que el actual Gobierno las haya aceptado. La actitud que el Gobierno de Rodríguez Zapatero mantiene respecto al informe sobre la tortura no está muy clara. Pienso, que si se toma en cuenta literalmente lo que han manifestado en la ONU, no se sienten vinculados a ese informe. Parece que tienen otras prioridades en estos momentos. Pero hay que tener en cuenta que actualmente ya no soy relator de la ONUy no he seguido de cerca la actuación del actual Gobierno en los últimos años.
Ha destacado que la labor de los gobiernos es imprescindible para erradicar la tortura, pero el Ejecutivo español no ha movido un dedo en esta dirección.
En principio, percibo una actitud diferente en el nuevo Gobierno. Es más abierto. Pese a ello, no estoy seguro de que hayan cambiado las circunstancias generales. Un gobierno tiene multitud de asuntos a los que atender y uno de ellos es todo el conglomerado que forman la burocracia del Estado y las fuerzas policiales. Se puede cambiar el Gobierno, pero esto no quiere decir que el sistema vaya a cambiar inmediatamente. Es algo que puede requerir algo más de tiempo. Pero tengo que insistir que no estoy en la mejor posición para saber cuáles son las actitudes del actual Gobierno español.
Pero se podría decir que pueden hacer más cosas y hacerlas mejor.
Sí. Al menos es cierto que han cambiado su actitud respecto al País Vasco. No creo que tuvieran la misma reacción que tuvo el anterior gobierno respecto a un informe de las características del mío. Pienso que el actual Gobierno español se merece, al menos, el beneficio de la duda. Tienen muchas cuestiones en las que cambiar de política y el problema de la tortura es uno de los más complejos."
Theo Van Boven
E um pouco mais sobre as recentes denúncias de Van Boven, sobre as torturas sofridas por Unai Romano, desde Askapena (mesmo texto do pdf postado acima):
"El ex-Relator de Naciones Unidas para la Cuestión de la Tortura Theo van Boven acaba de hacernos llegar la comunicación que enviamos adjunta con razón del juicio que se celebrará próximamente contra catorce jóvenes vascos, siendo Unai Romano uno de ellos.
Van Boven ha seguido con gran interés este caso, y hace pública esta comunicación que nos ha mandado Behatokia.
Declaración de interés público:
Theo van Boven
El 28 de mayo la Audiencia Nacional iniciará el proceso contra los Catorce
de Álava (País Vasco), detenidos en el periodo entre agosto de 2001 a
julio de 2002 por la Guardia Civil y acusados de delitos relacionados con
terrorismo. Como ex-Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas que
visitó España en octubre de 2003 y que informó sobre dicha visita a las
Naciones Unidas en 2004, recibí comunicaciones escritas referentes a
alguno de los acusados que ahora enfrentan el juicio ante la Audiencia
Nacional, en las que se alegaba que habían sido sometidos a tortura y
malos tratos durante la detención incomunicada. En ciertos casos las
alegaciones eran corroboradas por alarmantes materiales visuales, como
sucede en relación al Sr. Unai Romano, con quien me reuní en persona. Mis
propios hallazgos en aquel momento, basados en la consistencia de
numerosas alegaciones, las opiniones informativas de prominentes expertos
legales, los informes de investigaciones realizadas por organizaciones
internacionales de derechos humanos de reconocido prestigio así como las
conclusiones y dictámenes de organismos de derechos humanos del Consejo de
Europa, me llevaron la opinión sopesada de que las prácticas de tortura o
tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan ocurriendo en España de
manera más que esporádica o incidental.El patrón que describí en mi informe hace cinco años parece,
desgraciadamente, no referirse únicamente a una práctica del pasado, sino
que permanece como objeto de preocupación actual. En efecto, el Comité de
Derechos Humanos que vigila la conformidad con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos mencionó con preocupación en su informe de
Octubre de 2008 de conclusiones finales sobre España la persistencia de
casos de tortura y subrayó que España parece no haber desarrollado una
estrategia integral para erradicar, de una vez por todas, dicha práctica.
El Comité recomendó que España debería definitivamente poner fin a la
práctica de la detención incomunicada. Igualmente, el Relator Especial
sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que visitó
España en mayo de 2008, exigió la completa erradicación de la detención
incomunicada. Entre otras de sus recomendaciones, formuló una severa
reclamación a las autoridades españolas para que "siempre que haya motivos
para creer que se han infligido torturas o malos tratos, se proceda a una
investigación pronta, independiente, imparcial y completa".En vista del juicio venidero de los Catorce de Álava ante la Audiencia
Nacional, se deben tener expresamente en cuenta dos provisiones básicas de
la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas, firmada y
ratificada por España:La obligación del Estado de asegurar que cualquier particular que alegue
haber sido sometido a torturas en cualquier territorio bajo su
jurisdicción tiene el derecho a denunciarlas y a que su caso sea pronta e
imparcialmente examinado por las autoridades competentes.La obligación del Estado de asegurar que toda declaración que se
establezca que ha sido efectuada como resultado de la aplicación de la
tortura no pueda ser invocada como evidencia en ningún procedimiento."
